Sectores productivos

9 debates económicos que se abren en la discusión para una nueva Constitución

01.  Derecho a la vivienda. Si es que se agrega a la nueva Constitución, ¿qué elementos debiese consagrar el derecho a la vivienda?

El derecho a la vivienda, que internacionalmente se conoce como un derecho de segunda generación, no está incluido como tal en nuestra actual Constitución. Solo se puede interpretar como un derecho garantizado mediante los tratados ratificados por Chile en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, suscrito en 1969. Con la aparición de la pandemia, el tema del acceso equitativo a la vivienda y la ciudad se transformó en una cuestión de debate.

02. Derecho de propiedad. ¿Qué tipo de cambios deberían plantearse en torno al derecho de propiedad consagrado en la actual Constitución en su artículo 19 N° 24?

El derecho de propiedad “en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales” está actualmente consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental. En medio del debate constitucional, han surgido ideas y propuestas entorno a llevar a cabo diversos cambios, perfeccionamientos o mejoras a lo que actualmente se establece, en orden a fortalecerlo o acotarlo.

03.  Pensiones. ¿Deberá la nueva Constitución incluir como derecho fundamental un sistema de seguridad social que asegure las pensiones de las personas?

La actual Constitución establece en su artículo 19 N°18 el derecho a la seguridad social, exponiéndose que: “La acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a través de instituciones privadas o públicas”, agregando que “el Estado supervigilará el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social”. La demanda por modificar el actual sistema de pensiones — desde la Carta Fundamental — se viene estableciendo desde antes del 18 de octubre de 2019, y uno de sus puntos de debate es la creación de una AFP estatal o un órgano púbico que vele y garantice un modelo diferente al actual de pensiones.

04.  Minería. ¿Qué tipo de cambios podrían generarse en torno al derecho de propiedad en relación con lo que se establece para los recursos mineros en el artículo 19 N°24?

Chile es el mayor productor minero del mundo y el cobre es el llamado “sueldo de Chile”. Actualmente, el sistema extractivo y productivo de la actividad minera está consagrado en la Constitución en el artículo 19 N°24 sobre el Derecho de Propiedad y, además, cuenta con una regulación específica dentro del Código Minero. En el actual debate constitucional, se han establecido algunos temas de debate en torno, principalmente, a un rol más preponderante del Estado frente al sector privado y la necesidad de aumentar tributos por la extracción de los recursos naturales mineros, modificando lo que se establece en la actual Carta Fundamental.

05. Energía. ¿Debe la Constitución consagrar algún tipo de modelo de matriz energética con energías limpias y renovables?

Existe consenso en torno a la migración que debe existir en Chile hacia un sistema basado en energías renovables y limpias. Actualmente, la Constitución solo establece en su artículo 8 el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, pero nada dice respeto al sistema energético que lo provea. Dentro del debate constitucional, se plantea la idea de que el Estado consagre este derecho y lo regule a través de la Carta Fundamental.

06.  Salarios. ¿Debe la Constitución reconocer el derecho de las personas a percibir una justa remuneración por su trabajo?

Una de las demandas más reconocidas desde el 18 de octubre de 2019 es la desigualdad existente en nuestro país, expresada a través de la brecha salarial que reciben los trabajadores. Todo ello, aunque indicadores como el índice Gini demuestren que desde 1998 la desigualdad salarial estaría disminuyendo, la percepción de la ciudadanía es otra, más aún con los efectos de la pandemia. Actualmente, la Carta Fundamental no establece un derecho a un salario mínimo y el debate se centra en si debe o no incluirse como una nueva garantía constitucional.

07.  Salud. ¿Se deberían ampliar derechos y garantías en materias de salud?

Ampliar o no la garantía del derecho a la salud en la Constitución es un tema de debate dentro del proceso constituyente. Actualmente, la Carta Fundamental consagra el derecho a la protección de la salud en su artículo 19 N°9, garantizando —el Estado — la ejecución de las de las acciones de salud, para que sean prestadas a través de instituciones públicas o privadas. Ante dicho panorama, la discusión está centrada en cuánto más el Estado debiese participar como actor central, tanto en la prestación como también en el acceso, y si esta materia debe o no ser constitucional.

08. Tecnologías digitales. ¿Debe la nueva Constitución garantizar el acceso a tecnologías digitales como un derecho?

El siglo XXI trajo consigo una revolución comunicacional y digital con la irrupción y rápida masificación de internet y las redes sociales. Desde el 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el acceso a internet como un derecho humano, mientras que constituciones como la mexicana lo han consagrado como garantía constitucional. Acá en Chile el acceso es cada vez más masivo; sin embargo, producto de la pandemia se reveló que muchas localidades no cuentan con un servicio adecuado tanto en el acceso como en la calidad de este. Por ello, esta temática surge dentro del debate constitucional de incluir o no este derecho en la Carta Magna.

09.  Agua. ¿Debe incluirse dentro de la Constitución el derecho fundamental al uso público del agua?

La Constitución actual se refiere a los derechos de agua en el artículo 19 n°24 sobre Derecho de Propiedad, estableciendo que “los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”. Ante ello, se ha puesto en discusión si se debe consagrar constitucionalmente la naturaleza de las aguas como un recurso cuyo dominio y uso pertenece a todos los habitantes de la nación como bien de uso público por sobre el interés y dominio privado.